La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de ordenar la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
En un mensaje en video, la fiscal Ernestina Godoy señaló que las investigaciones permitieron establecer que la instrucción para ocultar y eliminar pruebas surgió desde la oficina del entonces titular del Poder Ejecutivo estatal, con la presunta participación de funcionarios de alto nivel de la administración guerrerense.
Como resultado de las nuevas indagatorias, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa obtuvo una orden de aprehensión contra Aguirre, quien fue detenido en el Estado de México. La Fiscalía le atribuye los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
La dependencia explicó que la investigación fue fortalecida mediante un nuevo modelo de análisis del expediente, lo que permitió documentar la presunta intervención del exmandatario en la eliminación de pruebas consideradas fundamentales para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Entre los elementos que, según la FGR, fueron destruidos se encuentran las grabaciones de las cámaras de videovigilancia identificadas con los números 12 y 15, ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Esas imágenes registraban el paso del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban varios de los estudiantes desaparecidos.
Ernestina Godoy afirmó que el análisis de las evidencias permitió sustentar, con apego al debido proceso, la posible responsabilidad de Aguirre en el ocultamiento de información que habría sido clave para conocer el destino de los normalistas.
Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, el exgobernador fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal. La Fiscalía sostuvo que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
