La detención de Carlos Alberto Medina Hernández, quien ocupó la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, abrió un nuevo capítulo en las investigaciones por presunto desvío de recursos públicos durante la administración estatal de 2015 a 2019.
Medina Hernández fue detenido el martes en la ciudad de Campeche y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde quedó a disposición de un juez de control. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche lo investiga por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
De acuerdo con las indagatorias, el ex funcionario habría tenido participación en un esquema que involucraría al contador Luis Antonio Espinosa Campos y empresas señaladas por presuntamente facturar operaciones simuladas. El monto que se encuentra bajo investigación asciende a 36 millones de pesos.
Espinosa Campos, quien prestaba servicios contables mediante su despacho a Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del ex gobernador, fue detenido un día antes en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y trasladado también al penal de San Francisco Kobén.
La investigación contra ambos forma parte de las actuaciones de la fiscalía anticorrupción estatal para determinar cómo fueron utilizados recursos públicos durante el sexenio de Moreno Cárdenas. Espinosa Campos enfrenta además otra investigación relacionada con presuntos pagos irregulares por 97 millones de pesos a la televisora Mayavisión.
Durante la audiencia inicial celebrada ayer, Carlos Alberto Medina Hernández solicitó la ampliación del término constitucional para que el juez determine su situación jurídica. La diligencia, realizada a puerta cerrada, comenzó alrededor de las 14:00 horas y se prolongó durante aproximadamente ocho horas y media.
A petición de la defensa, la resolución fue reprogramada para el próximo lunes. Mientras tanto, el juez impuso una medida cautelar que mantiene al ex funcionario privado de la libertad, por lo que permaneció en el penal de San Francisco Kobén al concluir la audiencia.
El proceso se encuentra todavía en una etapa inicial. Por ello, las acusaciones de la fiscalía deberán ser acreditadas ante el órgano jurisdiccional y Medina Hernández conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
Medina Hernández estuvo al frente de la comunicación social durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas y posteriormente continuó como vocero durante los dos años del gobierno interino de Carlos Miguel Aysa González, quien asumió la gubernatura después de que Moreno Cárdenas dejó el cargo en 2019 para convertirse en dirigente nacional del PRI.
Documentos oficiales del gobierno estatal también identifican a Medina Hernández como titular de la Unidad de Comunicación Social.
Su nombre aparece ahora dentro de una investigación que alcanza a personajes relacionados con el entorno familiar y empresarial del ex gobernador. Investigaciones periodísticas previas habían documentado contratos otorgados durante el gobierno de Moreno Cárdenas a compañías vinculadas con su hermano y con Espinosa Campos.
La detención ha generado, al mismo tiempo, muestras de respaldo hacia el ex funcionario por parte de periodistas y activistas, quienes sostienen que Carlos Alberto Medina Hernández no habría participado en las presuntas operaciones para desviar recursos y lo describen como un servidor público honesto.
Por ahora, será el juez de control quien determine si los datos presentados por la fiscalía son suficientes para vincularlo a proceso y bajo qué condiciones deberá enfrentar las siguientes etapas del procedimiento.
La próxima audiencia, prevista para el lunes, será clave para conocer si la investigación contra quien fuera uno de los principales operadores de comunicación del gobierno de Moreno Cárdenas avanza formalmente hacia un proceso penal.
