El Gobierno de México logró recuperar 5 millones 805 mil 693.50 dólares relacionados con el entramado de desvío de recursos vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, informó desde Palacio Nacional que los recursos ingresaron a la Tesorería de la Federación el pasado 25 de agosto de 2026, como resultado de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, pertenecientes a integrantes de la familia Weinberg.
El funcionario precisó que el proceso de recuperación de bienes aún no concluye, debido a que permanecen otros activos pendientes de liquidación que podrían representar nuevos recursos para el Estado mexicano.
Reyes Colmenares explicó que la UIF emprendió acciones legales ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, con el objetivo de recuperar recursos considerados producto de operaciones ilícitas. En dicho procedimiento, agregó, se reconoció la legitimidad del Estado mexicano para intervenir como parte demandante.
Como resultado del litigio, el 19 de mayo de 2026 se emitió una sentencia favorable a México contra integrantes de la familia Weinberg, a quienes se responsabilizó por su participación en un esquema irregular relacionado con contrataciones públicas vinculadas con García Luna.
La resolución judicial establece la obligación de los demandados de resarcir al Estado mexicano por los daños patrimoniales ocasionados por las conductas ilícitas.
El titular de la UIF sostuvo que la recuperación de estos recursos demuestra el impacto de las investigaciones de inteligencia financiera y de las acciones jurídicas emprendidas para localizar y recuperar activos en el extranjero.
Aunque los más de 5.8 millones de dólares ya fueron entregados al Estado mexicano, el procedimiento continúa abierto debido a que todavía existen bienes pendientes de liquidación.
Con ello, el Gobierno federal mantiene la estrategia de recuperar recursos y patrimonio presuntamente relacionado con operaciones ilícitas derivadas del esquema de contrataciones asociado con el exfuncionario federal.
