La posibilidad de que miles de personas con discapacidad de entre 30 y 64 años accedan a una pensión universal quedó detenida en el Congreso de Jalisco luego de que la iniciativa no alcanzara los votos necesarios para modificar la Constitución estatal.
El dictamen obtuvo 24 votos a favor y 12 abstenciones, por lo que quedó a dos votos de alcanzar la mayoría calificada de 26 sufragios que requería una reforma constitucional. Las abstenciones de Movimiento Ciudadano fueron señaladas por los impulsores de la propuesta como determinantes para impedir que este derecho quedara establecido en la Constitución de Jalisco.
La iniciativa, respaldada por Morena, pretendía reconocer constitucionalmente el derecho de las personas con discapacidad de 30 a 64 años a recibir una pensión.
El esquema planteaba que el financiamiento fuera compartido entre la Federación y el estado, con una aportación de 50 por ciento para cada gobierno.
Durante el debate, el diputado Leonardo Almaguer cuestionó la decisión de Movimiento Ciudadano y sostuvo que los derechos sociales no deberían depender de los cambios de administración ni de las disputas partidistas.
“Los programas pueden cambiar, los presupuestos cambiar, los gobiernos cambiar; los derechos deben de permanecer”, expresó desde tribuna.
Desde esta perspectiva, los promotores de la reforma consideraron que MC tuvo en sus manos la posibilidad de respaldar la incorporación de este beneficio como un derecho constitucional y, al abstenerse, terminó impidiendo que la propuesta alcanzara la mayoría necesaria.
Movimiento Ciudadano, sin embargo, rechazó que su postura significara votar contra las personas con discapacidad. La diputada Ana Fernanda defendió la abstención de su bancada y argumentó que el dictamen presentaba problemas técnicos y financieros que debían resolverse antes de comprometer recursos públicos.
La legisladora advirtió que la medida podría representar un impacto cercano a mil 600 millones de pesos para las finanzas estatales, además de cuestionar que el esquema planteado no garantizara una participación federal suficiente.
MC también sostuvo que Jalisco ya cuenta con programas dirigidos a personas con discapacidad y otros sectores vulnerables, por lo que, desde su postura, el debate debería centrarse en cómo garantizar la pensión sin poner en riesgo los apoyos existentes.
Los impulsores de la iniciativa rechazaron que la nueva pensión significara sustituir los programas estatales y defendieron que se trataba de ampliar la protección social. Incluso señalaron posibles áreas del presupuesto estatal donde podrían encontrarse recursos para financiarla.
La discusión terminó, así, sin la aprobación de la reforma. Para sus promotores, la abstención de Movimiento Ciudadano fue clave para que las personas con discapacidad de entre 30 y 64 años no obtuvieran el reconocimiento constitucional de este derecho; para la bancada emecista, en cambio, la decisión respondió a dudas sobre la viabilidad financiera y jurídica de la propuesta.
Con 24 votos a favor y 12 abstenciones, la reforma quedó sin avanzar y el Congreso de Jalisco mantuvo abierto el debate sobre quién debe financiar y garantizar una pensión para este sector de la población.
