El Gobierno de Nuevo León deberá mantener, por ahora, el frente legal abierto contra un crédito fiscal de 6 mil 292 millones de pesos, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validara este miércoles la resolución emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por unanimidad, la Sala Superior del tribunal determinó que la autoridad fiscal actuó conforme a derecho al exigir al Estado el pago de recursos correspondientes a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que no fueron enteradas al Gobierno federal.
La resolución representa un cambio respecto a la discusión que tuvo lugar el pasado 30 de junio, cuando la Sala Superior rechazó un proyecto del magistrado Julián Olivas que proponía cancelar el crédito fiscal.
En aquella sesión, cinco de los 11 integrantes de la Sala Superior se habían inclinado por una resolución favorable a Nuevo León. Dos magistrados plantearon la nulidad lisa y llana del crédito, mientras que otros tres consideraron que el SAT debía reponer el procedimiento de fiscalización.
Para la sesión de este jueves, Olivas presentó un nuevo proyecto en el que propuso reconocer la validez del crédito fiscal. El planteamiento fue aprobado sin que los magistrados solicitaran hacer uso de la palabra.
El único que intervino fue el presidente del TFJA, José Ramón Amieva, quien destacó la necesidad de que las sentencias del tribunal sean exhaustivas y congruentes.
Amieva sostuvo que el proyecto debía explicar con claridad las razones jurídicas por las cuales los argumentos presentados por Nuevo León no eran suficientes para cuestionar la legalidad de la resolución del SAT.
El punto central de la controversia había sido el momento en que la autoridad fiscal concluyó su procedimiento de fiscalización.
En su proyecto inicial, Olivas había considerado que el SAT no debió emitir el acta final mientras permanecía pendiente un amparo promovido por Nuevo León contra actos relacionados con la revisión fiscal.
El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación establece que los plazos de las visitas o revisiones pueden suspenderse cuando el contribuyente interpone algún medio de defensa.
Sin embargo, otros integrantes del tribunal consideraron que el procedimiento podía continuar, debido a que el juez que conocía del amparo había negado al Gobierno estatal la suspensión de los actos reclamados. Posteriormente, Nuevo León desistió de ese juicio.
Con la resolución aprobada ahora, el tribunal desechó este argumento y los demás planteamientos utilizados por el Gobierno estatal para combatir el crédito.
La decisión del TFJA no es definitiva. El Gobierno de Nuevo León todavía puede recurrirla mediante un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito y, eventualmente, buscar que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El monto en disputa coloca nuevamente a las finanzas estatales frente a una obligación fiscal de gran magnitud. El caso también ocurre poco después de que el propio TFJA confirmó otro crédito millonario contra un gobierno estatal.
El pasado 26 de agosto, el tribunal ratificó un crédito fiscal de mil 615 millones de pesos contra San Luis Potosí, igualmente relacionado con retenciones de ISR que no fueron enteradas al Gobierno federal.
Así, el caso de Nuevo León se suma a una serie de litigios fiscales en los que el SAT ha encontrado respaldo ante el máximo órgano de justicia administrativa del país.
