La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Artículo 123 de la Constitución Mexicana, con el propósito de establecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta reforma busca garantizar una pensión mínima mensual de 16 mil 777.68 pesos para los trabajadores que cotizan bajo el régimen de ahorro individual establecido en 1997.
Dictamen de Morena: hacia una nueva visión de las pensiones como derecho social
El dictamen aprobado propone un cambio significativo en la manera en que se conciben las pensiones en México. Para el partido Morena, esta reforma representa un avance crucial, ya que rompe con lo que denominan la «concepción neoliberal» de las pensiones como un producto financiero más, en lugar de un derecho social. Este enfoque ha sido central en las políticas del gobierno actual, que busca fortalecer los sistemas de bienestar social y ampliar la cobertura de las prestaciones a los sectores más vulnerables de la población.
La discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales fue intensa y estuvo marcada por la división entre la mayoría de Morena y sus aliados, y la oposición conformada por el PAN, PRI y PRD.
Los legisladores del PAN y PRD expresaron sus preocupaciones sobre la viabilidad financiera del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Señalaron que el fondo depende en gran medida de fuentes de financiamiento no recurrentes, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. Entre las fuentes de financiamiento mencionadas se incluyen las deudas de los estados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las utilidades generadas por proyectos gestionados por las fuerzas armadas, como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La diputada priísta Laura Haro calificó los artículos transitorios del dictamen como un «dardo envenenado», argumentando que el fondo propuesto carece de viabilidad financiera. Haro también advirtió sobre el riesgo de depender de recursos que podrían provenir de la extinción de órganos autónomos, una reforma que aún no ha sido votada. Su preocupación se centra en que la falta de una fuente de financiamiento estable podría derivar en dificultades para cumplir con las obligaciones de pensiones a futuro.
Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez subrayó que el pago de las pensiones estaría sujeto a la disponibilidad financiera del fondo, que podría estar nutrido por la venta de bienes inmuebles a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los cuales aún están en litigio.
En respuesta a las críticas, Morena aceptó algunas reservas para la discusión, aunque la mayoría de las propuestas de la oposición fueron desechadas. Sin embargo, se aprobó una reserva propuesta por el diputado morenista Rosendo Medina, la cual garantiza el derecho a una pensión por vejez y suprime los artículos transitorios que contemplaban fuentes complementarias de financiamiento. Medina argumentó que estas fuentes ya estaban previstas en la reforma legal de abril, que constituyó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El dictamen aprobado ahora se dirige al pleno de la Cámara de Diputados, donde será discutido y votado por la siguiente legislatura, que inicia en septiembre. Esta reforma se enmarca en un contexto de reformas sociales más amplias promovidas por el gobierno actual, que incluyen la expansión de programas de bienestar y la revisión de la estructura del sistema de pensiones.
