Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador una detallada comparativa sobre los principales cambios que implicaría la reforma al Poder Judicial, actualmente en proceso de discusión en el Congreso. La reforma ha suscitado tanto elogios como críticas, e incluso ha generado paros laborales dentro del Poder Judicial. Sin embargo, Alcalde subrayó que estos cambios buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y eliminar la corrupción en el sistema judicial del país.
Cuatro ejes principales de la reforma
Alcalde agrupó las modificaciones en cuatro ejes principales: el método democrático de elección de ministros, magistrados y jueces; la creación de un órgano independiente que supervise la actuación de los juzgadores; la evaluación periódica del desempeño de estos funcionarios y, por último, la aplicación de principios de austeridad y transparencia en el Poder Judicial.
Elección democrática de ministros, magistrados y jueces
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el cambio en la forma en que se seleccionan a los ministros, magistrados y jueces. Actualmente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son propuestos por el presidente y aprobados por el Senado, mientras que los jueces y magistrados son seleccionados a través de procesos cerrados que favorecen al personal ya adscrito al Poder Judicial. Con la reforma, todos estos cargos serán electos por voto directo de la ciudadanía, lo que representa un giro significativo hacia un método más democrático.
Alcalde detalló que las convocatorias estarán abiertas a cualquier persona con licenciatura en derecho, un promedio académico destacado y experiencia profesional avalada. Se crearán Comités de Evaluación que seleccionarán a los mejores perfiles con base en su honestidad y trayectoria profesional. Esta medida busca, explicó la secretaria, garantizar que los juzgadores sean personas con integridad y compromiso con la justicia.
Otro aspecto clave de la reforma es la creación de un **Tribunal de Disciplina Judicial** que será independiente de la SCJN y estará compuesto por magistrados electos por voto popular. Este nuevo organismo tendrá la facultad de investigar y sancionar a jueces, magistrados y ministros que incurran en actos de corrupción o cuyas resoluciones no se apeguen a la ley. Esto representa un cambio radical en comparación con el sistema actual, donde el **Consejo de la Judicatura Federal**, vinculado directamente a la SCJN, tiene limitadas facultades de sanción y la autonomía de los jueces es poco cuestionada.
Alcalde también destacó que las sanciones para los juzgadores que incurran en faltas serán mucho más severas, e incluirán la suspensión o destitución, con lo cual se busca garantizar que los jueces actúen siempre con probidad y en apego a la ley.
Evaluación del desempeño
Actualmente, los jueces y magistrados del Poder Judicial son inamovibles una vez ratificados, y pueden permanecer en sus cargos hasta su jubilación o muerte, sin estar sujetos a evaluaciones periódicas. La reforma propone cambiar este esquema, al establecer que jueces, magistrados y ministros deberán ser ratificados cada nueve años mediante voto popular. Además, durante el primer año de su gestión, los jueces y magistrados serán evaluados y, en caso de mal desempeño, podrán ser destituidos.
Asimismo, se establecerá la obligación de que los juzgadores justifiquen las demoras en los procesos judiciales ante el **Tribunal de Disciplina**, instancia que podrá sancionarlos si exceden los tiempos establecidos sin una causa justificada.
Cambios de austeridad republicana y transparencia
Un cuarto cambio fundamental tiene que ver con la **austeridad** y la **transparencia** en el Poder Judicial. Alcalde señaló que, con la reforma, los sueldos de los ministros, magistrados y jueces no podrán ser superiores al del presidente de la República, y que además se eliminarán los haberes de retiro, una pensión vitalicia que actualmente reciben los ministros al concluir su cargo y que incluso puede heredarse a sus cónyuges e hijos.
También se eliminarán los fideicomisos del Poder Judicial, los cuales han sido utilizados de manera discrecional. Estos recursos, avanzó la secretaria de Gobernación, serán reintegrados para implementar la reforma y garantizar que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial estén cubiertos en los presupuestos de egresos anuales.
En cuanto a la **implementación** de la reforma, Alcalde informó que las elecciones para jueces, magistrados y ministros se llevarían a cabo en dos etapas. La primera fase iniciaría el 1 de junio de 2025, cuando se elegiría a la totalidad de los ministros de la SCJN, los integrantes del Tribunal de Disciplina, así como las vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la totalidad de las salas regionales y la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito.
A partir de esa fecha los Comités de Evaluación analizarían los perfiles de los candidatos, para seleccionar a tres por cada cargo de ministro, magistrado electoral e integrante del Tribunal de Disciplina, y a dos por cada puesto de magistrado de circuito o juez.
La reforma judicial ha generado una **amplia controversia**. Mientras que el presidente López Obrador y sus aliados en el Congreso la consideran un avance en la democratización y transparencia del Poder Judicial, varios sectores del propio sistema judicial y de la sociedad civil han expresado su preocupación por la politización del sistema de justicia y la posible pérdida de independencia judicial. Además, la eliminación de fideicomisos ha desatado paros y protestas entre trabajadores del Poder Judicial, quienes temen que sus derechos laborales se vean comprometidos.
Sin embargo, el gobierno asegura que estos cambios son necesarios para garantizar que el Poder Judicial sirva verdaderamente al pueblo mexicano, al eliminar los privilegios y la corrupción que, externó, han caracterizado al sistema en los últimos años.
