La reciente intervención del coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, ha puesto de nuevo en el centro del debate público la discusión sobre los privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial. Monreal enumeró 40 «privilegios» que disfrutan los 11 ministros de la SCJN, una lista que pone de manifiesto las ventajas económicas, materiales y de servicios que reciben.
Un Sistema de Beneficios Excesivos
La lista de Monreal es reveladora y, en muchos casos, de escándalo. Comienza con los altos salarios de los ministros, que ascienden a 297 mil 403.77 pesos mensuales, muy por encima del salario del presidente de la República.
Además, los ministros disfrutan de aguinaldos de 586 mil 092.53 pesos, primas vacacionales de 95 mil 474.68 pesos, dos periodos vacacionales de 15 días cada uno al año y mil pesos anuales por antigüedad, sin mencionar que una vez retirados, su pensión vitalicia es en total casi igual a su sueldo, con derecho a un haber de retiro, que les permite conservar los vehículos que les fueron asignados, dos personas de apoyo a su servicio, con sueldos a cargo del Poder Judicial, acceso a un área de atención especial para ministros jubilados y un seguro de separación individualizado de 20 millones de pesos.
También son acreedores a un seguro de vida institucional de 12 mil pesos, pago por defunción de 1 millón 189 mil 615 pesos y apoyo para gastos funerales por 30 mil pesos. Estos montos son difíciles de justificar en un país que busca impulsar reformas de austeridad para enfocarse en el bienestar del pueblo.
Pero los privilegios de la SCJN y el Poder Judicial no se limitan a los sueldos y prestaciones básicas. Se les permite un presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal y 22 mil pesos mensuales para gasolina. Los ministros tienen acceso a fondos para comer en restaurantes de lujo por un monto de 723 mil 690.24 pesos anuales y un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta, incluyendo bebidas alcohólicas.
En materia de gastos médicos, reciben un seguro para ministros y su familia nuclear por 30 millones de pesos, 188 mil 099 pesos para compra de medicamentos, apoyos económicos para anteojos por 3 mil 100 pesos para su familia nuclear y atención especial en cualquier trámite de seguros. Asimismo, disponen de vehículos blindados valorados en 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años, con un pago adicional por riesgo de más de 640 mil 372 pesos anuales. Incluso algunos ministros cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal.
El nivel de beneficios alcanza también aspectos más cotidianos: apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista, viáticos de vuelo, hospedaje y comida, pasaportes diplomáticos personales y de familia, seguros para autos y casas, y atención personalizada en aeropuertos, con personal de la SCJN y salones especiales con comida y bebida exclusivas, donde se evita que ministros y sus acompañantes hagan filas o sean revisados.
Los ministros también reciben papelería personalizada, tres iPads con servicio de Internet ilimitado, tres equipos de cómputo e impresión, seis celulares de alta gama para uso personal, familia y empleados con plan ilimitado de datos, computadoras, impresoras e Internet a domicilio, soporte técnico y, si lo solicitan, videovigilancia en sus casas. Todo pagado por la SCJN.
Estos privilegios, financiados con dinero público, son muestras de exceso respecto a la administración de recursos del Estado.
Impacto en el Gasto Público y la Democracia
Los 40 privilegios de la SCJN y el Poder Judicial expuestos por Monreal no solo constituyen una lista de beneficios, sino que tienen un impacto significativo en el presupuesto del país. En ese sentido, el análisis del senador indicó que el Poder Judicial dispone de 14 fideicomisos con recursos que suman 20 mil 149 millones 765 mil 377 pesos, que se utilizan principalmente para mantener estas prestaciones de por vida. El presupuesto total asignado al Poder Judicial en 2022 fue de 73 mil 723 millones 020 mil 424 pesos, una cifra que muchos consideran desproporcionada en relación con las necesidades del país y el rendimiento esperado de una justicia pronta, expedita y accesible para todos los ciudadanos.
¿Qué Sigue para el Poder Judicial?
El discurso de Monreal muestra la necesidad de una reforma profunda en el Poder Judicial, que no solo debería centrarse en la reducción de los privilegios de los ministros, sino también en la creación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que garanticen que las decisiones del Poder Judicial respondan a los intereses de la sociedad en su conjunto. La cuestión es cómo balancear la independencia del Poder Judicial con la necesidad de que no se convierta en una «casta con privilegios», como lo describió el senador.
No obstante, esta crítica no solo debe verse en términos de un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, sino también como una reflexión más amplia sobre el modelo de gobernanza y administración pública en México.
En un contexto donde se está trabajando el acceso de millones de ciudadanos a servicios básicos de salud, educación y seguridad social, resulta indignante que la élite judicial sea un peso en la distribución correcta de los recursos del Estado. Como señaló el presidente López Obrador, «No es Estado de derecho, es Estado de chueco», una frase que captura la percepción de que las instituciones públicas han sido capturadas por intereses alejados de las necesidades del pueblo.
