El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que 18 congresos estatales ya aprobaron la reforma al Poder Judicial, que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. El mandatario destacó este avance como un paso fundamental hacia la democratización del sistema de justicia mexicano, y anunció que la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el próximo 15 de septiembre, en coincidencia con la conmemoración de la Independencia de México.
Durante su conferencia matutina, López Obrador celebró la noticia y explicó el proceso que ha permitido este avance: «Una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, del Senado con mayoría calificada y la mitad más uno de los congresos estatales. Se necesitan 17 entidades, pero ya tenemos 18, lo que legaliza el proceso», afirmó.
El presidente destacó la importancia de la reforma como un paso crucial hacia la consolidación de una «auténtica democracia», donde el pueblo no solo elige a sus representantes en el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también a los servidores públicos del Poder Judicial. “Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes y a los servidores públicos de los tres poderes. Esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política o la oligarquía”, subrayó.
López Obrador señaló que el derecho a votar y ser votado es un principio fundamental consagrado en la Constitución, y que con esta reforma se amplía este derecho al ámbito judicial.
La aprobación en los congresos 18 congresos estatales
El presidente detalló que los congresos locales de 18 estados ya han aprobado la reforma, con lo cual se ha superado el requisito de la mitad más uno (17 entidades) para que la reforma siga su curso legal. «Ya es legal porque el mínimo son 17 estados, pero aún estamos esperando que otros congresos terminen de votar en las próximas horas o días. Algunos estados requieren mayoría calificada, en otros es mayoría simple, pero el proceso avanza conforme a la ley”, apuntó el mandatario.
Si bien el presidente celebró el avance, reconoció que el proceso no ha terminado del todo, ya que algunos congresos locales están realizando sesiones para discutir y votar el dictamen que propone cambios radicales en el Poder Judicial de la Federación (PJF). El objetivo de la reforma es reducir los márgenes de corrupción e influencias dentro del sistema judicial, al tiempo que se busca una mayor transparencia y cercanía de los jueces con la ciudadanía.
Tras la aprobación en los 18 congresos estatales, el último paso antes de la promulgación de la reforma es su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que, adelantó el presidente, se realizará el próximo 15 de septiembre. Esta fecha, en la víspera de las celebraciones de la independencia de México, marca un momento simbólico para la administración de López Obrador, que ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de la reforma judicial para el proyecto de la Cuarta Transformación.
La reforma al Poder Judicial ha sido una de las iniciativas más polémicas del gobierno de López Obrador. La propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular ha sido duramente criticada por la oposición, que sostiene que la medida podría llevar a la politización del sistema de justicia y afectar su independencia.
Sin embargo, esta medida representa un avance en la democratización del país y un paso adelante para acabar con los privilegios de la élite judicial. “Es tiempo de que el pueblo tenga la última palabra. Esta reforma busca que los jueces sean más cercanos a la gente y que el sistema judicial sea más justo y menos corrupto”, explicó López Obrador.
En contraste, Morena y sus aliados han defendido la reforma, argumentando que la elección de los jueces por voto popular será un ejercicio democrático que fortalecerá la rendición de cuentas y reducirá la corrupción en el sistema judicial.
Con la publicación de la reforma al Poder Judicial en el DOF, México entrará en una nueva fase en su sistema de justicia, una que promete ser profundamente transformadora pero no exenta de desafíos.