Hay momentos en los que la política se define por la firmeza qué busca un bien mayor, no por el ruido. La discusión sobre la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales es uno de ellos. Frente a la presión de los que no quieren dejar la práctica de perforar pozos ilegales, utilizar el agua cómo un producto que se puede vender al mejor postor, seguir acaparando volúmenes y sobre explotar acuíferos a costa de la escasez, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha elegido el camino correcto: ordenar, transparentar y garantizar el acceso al agua como derecho, no como negocio. Y en esa ruta cuenta con sus diputadas y diputados de Morena, unidos, sin titubeos, conscientes de lo que está en juego.
Lo digo con la certeza que dan los territorios recorridos junto con Alfonso Ramírez Cuéllar hemos hablado con miles de agricultores en valles, en los distritos, en los ejidos, en las comunidades que sí trabajan la tierra. Les hemos explicado, frente a frente, que sus concesiones están garantizadas, que nadie les quitará el agua, que esta ley —lejos de vulnerarlos— les otorga certidumbre jurídica, reglas claras, acceso a medición, energía más barata y fin al abuso de intermediarios. Las cifras lo respaldan: el 76% del agua concesionada está hoy en manos del sector agrícola, según datos de CONAGUA. La concentración del agua en algunos cuantas manos no la creó esta administración; la creó el neoliberalismo. Y justo por eso debemos desmontarla y garantizar el acceso para todas y todos.
Claudia Sheinbaum entiende lo que significa gobernar para la mayoría y no para unos cuantos. Su propuesta establece supervisión, rendición de cuentas y prioridades sociales. Cierra la puerta al mercado negro del agua, impide que las concesiones se traten como acciones bursátiles y frena el acaparamiento que ha permitido que, en estados donde la sequía se ha prolongado, los municipios terminen comprando agua a particulares tal cómo si se tratara de una mercancía.
Por eso, retroceder sería una derrota histórica. Sería renunciar a poner orden donde durante décadas reinó la discrecionalidad. Sería dejar intacto el diseño perverso que convirtió el agua en negocio. Y eso México no puede permitírselo.
Claudia ha demostrado que gobierna con ciencia, con datos y con sentido de justicia. Nuestro deber —como legisladores de la transformación— es acompañarla, sostener la línea, explicar al pueblo, desmontar mentiras y legislar con visión de futuro. El agua es vida, pero también es soberanía. Y hoy, defender esta ley es defender ambas.
La historia nos medirá por el valor que tengamos para transformar donde otros cedieron por comodidad. Aquí no hay duda: con la Presidenta, con el pueblo y con la justicia hídrica por delante.
