En un movimiento decisivo para el futuro de la juventud mexicana, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que busca elevar a rango constitucional el programa «Jóvenes Construyendo el Futuro». Esta reforma, aprobada con 37 votos a favor y solo una abstención, tiene como objetivo otorgar un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo (7 mil 467 pesos) a jóvenes de entre 18 y 29 años que no tengan empleo ni estén cursando estudios. El apoyo se extendería por un periodo de hasta un año, durante el cual los beneficiarios recibirán capacitación en negocios, empresas, talleres o tiendas.
Jóvenes Construyendo el Futuro: un programa clave
Desde su lanzamiento, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un componente central en la estrategia del gobierno para combatir el desempleo juvenil y la falta de oportunidades. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido diseñado para apoyar a jóvenes que, por diversas circunstancias, han quedado fuera del sistema educativo y del mercado laboral. Al proporcionar una capacitación práctica en entornos laborales reales, el programa busca no solo ofrecer un ingreso a los participantes, sino también dotarlos de las habilidades y la experiencia necesarias para integrarse de manera más efectiva en la fuerza laboral.
La inclusión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Constitución representaría un cambio importante en la política social del país, para garantizar su continuidad y fortalecer su alcance. La reforma busca asegurar que este apoyo no sea solo una medida temporal, sino un derecho constitucional para todos los jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución, cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes de entre 18 y 29 años sin empleo ni estudios reciban capacitación laboral durante un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas, en los términos establecidos por la ley.
Este dictamen, avalado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, subraya que, a pesar de que los jóvenes en ese rango de edad representan casi el 20 por ciento de la población total del país, han sido históricamente desatendidos por las administraciones anteriores. Como muestra, el documento cita datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que revelan que, entre 2006 y 2012, México ocupó el tercer lugar a nivel mundial en el número de jóvenes desempleados y sin acceso a la educación.
El texto aprobado critica la postura de los gobiernos pasados, que, en lugar de asumir su responsabilidad por la situación precaria de los jóvenes, trasladaron la culpa a estos mismos, etiquetándolos despectivamente como «ninis» (ni estudian, ni trabajan). Se enfatiza que el Estado tiene la obligación de proporcionar educación pública accesible y de crear las condiciones necesarias para garantizar el derecho al trabajo, algo que no se ha cumplido adecuadamente.
Las consecuencias de esta falta de atención se reflejan en problemas profundos como la ruptura del tejido social, el aumento del desempleo y la crisis de violencia e inseguridad que afecta a muchas regiones del país. Jóvenes sin acceso a educación ni empleo se encuentran en situaciones de exclusión social, relaciones familiares conflictivas y, en algunos casos, recurren a actividades ilícitas para satisfacer sus necesidades. Este panorama no solo afecta a los individuos de manera personal, sino que también tiene repercusiones negativas a nivel social.
El dictamen insiste en que el apoyo económico que se propone no debe ser visto como una prebenda o un beneficio clientelar. Más bien, se busca que este derecho se eleve a rango constitucional para que no esté sujeto a los cambios de interés político o a las decisiones de gobiernos transitorios, y asegurar así su estabilidad y continuidad en el futuro.
Durante la discusión en la Comisión todos los partidos expresaron su respaldo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hubo debates sobre algunos aspectos del dictamen. El diputado René Figueroa Reyes, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso una reserva, la cual fue finalmente rechazada. Figueroa argumentó que limitar el apoyo económico a los jóvenes sin acceso a empleo o educación es discriminatorio, y sugirió que el beneficio debería ser universal para todos los jóvenes dentro del rango de edad estipulado.
Por otro lado, la única reserva que fue aprobada provino del diputado morenista Oscar Cantón Zetina, quien sugirió que las cifras 18 y 29, que representan las edades de los beneficiarios del programa, se escribieran con palabras en lugar de números, para mayor claridad y precisión en el texto constitucional.
El dictamen ahora se encuentra en proceso de ser enviado a la Mesa Directiva en San Lázaro, con la intención de ser discutido y votado en el pleno al inicio de la nueva legislatura en septiembre. De ser aprobado, esta reforma constitucional se convertirá en un pilar de la política social del gobierno, que garantizará que miles de jóvenes mexicanos tengan la oportunidad de capacitarse y prepararse para el mercado laboral, en un contexto en el que las oportunidades para los jóvenes han sido limitadas y desiguales.
El respaldo generalizado a esta iniciativa refleja un consenso en la necesidad de acciones concretas para apoyar a la juventud, un sector importante para el desarrollo y el futuro de México.
