En nuestro país, las personas no acceden al agua en igualdad de condiciones, aún con los esfuerzos que la presente administración ha hecho, el acceso todavía es inequitativo cuando se compara el campo contra las ciudades o la periferia. Sucede como en muchas otras partes del mundo, a mayor distancia de los centros poblacionales o de las cuencas, mayor es la desigualdad de abastecimiento, drenaje y tratamiento.
También, entre más lejos están los tomadores de decisiones de estas comunidades alejadas, se invisibiliza la carencia y sus efectos de ésta en las comunidades y sin el acceso este derecho humano, el bienestar de todas y todos permanece en riesgo. De los 100 Pasos para la Transformación presentados por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México y de los resultados de los “Diálogos por la Transformación” sabemos que el agua será un tema toral del Programa de Gobierno 2024 – 2030 y en consecuencia del Ejecutivo.
El Ejecutivo, usará la base legal actual y aquella que emane de la próxima legislatura. En la base legal actual es justo donde encontramos los vacíos para lograr la transformación propuesta y asentada en el artículo cuarto constitucional; “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” Hasta ahora, el epicentro del debate legislativo hídrico recae en la propuesta de la Ley General de Aguas, que, a pesar de haber sido consensada y construida a conciencia, fue rechazada por la Cámara de Senadores en 2014.
En marzo de 2024, el grupo parlamentario del PAN presentó la propuesta de la “Ley General de Acceso al Agua”, que desde su nombre se limita al “acceso” dejando fuera los otros eslabones del proceso hídrico como son la distribución, recolección, saneamiento y reúso.
Cabe recordar que los blanquiazules han llevado a las cámaras locales, propuestas de privatización del recurso común, con el argumento de priorizar el desarrollo empresarial, dejando a fuera al campo, la producción de alimentos y peor aún, dejando afuera la necesidad y derecho del pueblo.
Desde la próxima bancada de MORENA, el agua como recurso y como derecho humano, debe ser la base de campañas, programas sociales y proyectos de infraestructura que busquen garantizar al pueblo su derecho. Ahora que tenemos una mayoría calificada con nuestros aliados en el Congreso de la Unión, se hace inaplazable la actualización y creación de un marco legal operativo en torno al agua de uso público, el acceso a ella, el saneamiento y su reúso. Una base desde la que se pueda construir y regular un servicio nacional de agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento y reúso a favor de la gente, de su salud, de su forma de relacionarse con el líquido y sin afectar negativamente al medio, ni menoscabar la producción de alimento.
Una base que, de voz y ruta a la justicia hídrica con perspectiva de género, que reconozca la relación cultural de las comunidades con el recurso y que devuelva a aquellos que han sido despojados de su derecho, el acceso al agua de calidad y al saneamiento. Y justo hoy, al ser diputado electo con una trayectoria de más de 10 años como funcionario del agua, desde el Organismo Operador en Mexicali, capital de Baja California y poco después siendo Secretario del Agua para Baja California, digo con razón de causa y compromiso, que, para atender el artículo cuarto constitucional, la Ley General de Aguas, es necesaria, urgente y viable.
Pero, además, es fundamental abrir el debate de la modificación del artículo 115 constitucional que direcciona la gestión del agua potable, drenaje, alcantarillado tratamiento y disposición de aguas residuales al nivel Municipal y la posible conveniencia de delegar estas acciones a otras entidades de otros órdenes de gobierno sin dejar fuera la posibilidad de normar las administraciones a escala de centro población a comunidad. Así como la Ley General de Educación obliga al Estado a prestar servicios educativos de calidad en todo el territorio.
La Ley General de Agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento y reúso tendrá la obligación de guiar la prestación del servicio a toda la población, comprometida con la igualdad en la repartición, y fortaleciendo aquellas condiciones que sean propias del territorio de incidencia.
Por ser una Ley General, la propuesta debe construirse a sabiendas de la diversidad territorial, no puede ser rígida o centralista, debe regular procesos dinámicos y no situaciones fijas; crear un sistema que ubique las competencias de cada ámbito de gobierno y cómo estos trabajarán con los actores locales que actualmente están a cargo de las fuentes, distribución, recolección y saneamiento del recurso.
Será obligación de esta ley poner al centro de la construcción legislativa a la trinidad persona-comunidad-recurso. En cuanto al proceso técnico la trinidad obligada es abastecimiento-saneamiento-reúso. Y para asegurar el bienestar tenemos equidad-desarrollo-sostenibilidad.
Tal como lo marcó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en la construcción de la Ley se necesita cuidar la no sobreexplotación del recurso incentivando el rescate del agua que ya tenemos y la que nos da la naturaleza, priorizando el desazolve de presas, cuidando los ríos y arroyos, invirtiendo en la reposición de las redes que actualmente pierden de 30-40% (promedio nacional) del agua en el transporte, creando infraestructura que sanee el agua y la trate para que pueda ser reutilizada en el desarrollo de economías locales.
Estableciendo prioridades de recuperación y regeneración, dejando cómo última opción otras formas de producción como la desalación. Nuestra presidenta comprometió -en materia de agua- que “implementemos soluciones distintas, basadas en la tecnología, llevadas a cabo por una nueva generación de profesionistas”, y nosotros como legisladores que somos parte de esta nueva generación acudiremos a su llamado para eliminar los vacíos legislativos que inhiben la transformación expedita. Nos avocaremos a llevar la visión incluyente, científica y humana de nuestra futura presidenta a la Ley General, y de ella derivar los reglamentos necesarios y suficientes para que la infraestructura hidráulica sea nacional y consensada con las comunidades, porque con ellos alcanzaremos la justicia hidrosocial y la soberanía hídrica.
Apoyaremos para que los servicios de agua pasen a ser parte de la Agenda de Seguridad Nacional y un ejemplo de cómo nuestro país hará frente al cambio climático. Nuestro compromiso es con el pueblo, con la visión de nuestra presidenta. Tenemos el conocimiento, la práctica, el ahínco, la mayoría y la convicción firme que el sector hídrico mexicano podrá cumplir con el derecho de su pueblo. Por lo que es momento de que nosotros como legisladores sentemos las bases correctas en la Ley General de agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento y reuso, impulsemos su aprobación y le demos a nuestra presidenta un piso firme para que su gobierno sea el gobierno del agua.
Por Armando Samaniego
Diputado Federal Electo (Morena)
Para El Heraldo de México
