En el periodo de enero a diciembre de 2022, en Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, fueron expulsados de Estados Unidos cerca de 7,988 comunidades y familias migrantes provenientes de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba y Perú. Todo porque Estados Unidos decidió extender la política Título 42, que expulsa instantáneamente a personas migrantes por “razones sanitarias”, una injustificada y conveniente excusa en el mundo post-covid, una medida que tampoco está basada en la evidencia disponible sobre salud pública y que además es violatoria de derechos humanos.
Por Ulises Rangel
Ellas y ellos no aparecieron en las portadas de los diarios nacionales, a pesar de vivir debajo de casas de campaña improvisadas con lonas y madera, de no tener agua potable, de no tener luz ni energía eléctrica, de vivir en la intemperie, sufriendo frío, sufriendo además de discriminación, de violencia de grupos criminales, de violencia por parte de las instituciones y del gobierno municipal, de la falta de acciones para la protección de sus derechos por parte del gobierno estatal y federal. ¿Cuándo uno viaja a otro país pierde sus derechos humanos?, ¿no caben en la mochila?
Mientras tanto que las autoridades se hacen de la vista gorda, los vecinos fifís, xenofóbicos de Matamoros se quejan de la presencia de estas personas en sus vecindarios, les molesta que estén en la que piensan como SU ciudad, que les pertenece, quieren que se vayan, quieren reubicarlos a las afueras de la ciudad, donde no se vean, donde no caminen por las escuelas de sus hijos.
En febrero de este año la Secretaría de Salud Federal activó un plan de coordinación con el gobierno estatal para la atención a la salud de estas personas, y a mi me resulta paradójico que la salud fuera la causa de su expulsión de Estados Unidos y que en México sea la salud el motivo por el que se empiece a atender a sus necesidades. Es escalofriante escuchar a servidores públicos describir esta crisis humanitaria como una “crisis migratoria”, escuchar a estas personas decir que “el presupuesto público es para los mexicanos y que si se van a hacer acciones para las personas migrantes, se necesita de otro presupuesto”.
No es el mismo discurso de lo que pedimos cuando defendemos a nuestros compatriotas en Estados Unidos, no es el mismo discurso cuando denunciamos a la administración de Trump de poner a niños en jaulas. Aquí en México los niños migrantes no están en jaulas, están en la calle, abandonados por los “solidarios mexicanos” que se sienten tan orgullosos de su tierra que no quieren compartirla con nadie.
No nos equivoquemos, la crisis no es la migración, la crisis es la xenofobia y el racismo de los mexicanos.