Ha sido un lugar común leer dentro de las columnas de opinión de los grandes diarios de circulación nacional, que la reforma electoral propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conducirá a México hacia el autoritarismo. Quienes que dijeron que si AMLO fuera Presidente, este buscaría redactar una nueva Constitución Política para reelegirse indefinidamente (cosa que ni siquiera se ha intentado durante su sexenio ni se intentará), son los mismos que ahora, haciendo nuevamente uso del miedo y la diatriba como argumentos, afirman por doquier que con esta iniciativa se destruirá al Instituto Nacional Electoral y con ello a nuestra incipiente democracia ¿Es esto cierto?
La verdad es que no. El proyecto de reforma electoral del Presidente, pretende en su conjunto profundizar los elementos populares de la democracia, en lugar de acrecentar el poder de las instituciones intermediarias que funcionan como camisas de fuerza de la voluntad popular. Mientras el actual método de selección de los Consejeros del INE es un sistema de cuotas que se reparten entre los partidos políticos, la propuesta del Presidente es que sean los ciudadanos con su voto libre, y no las cúpulas partidistas, quienes decidan a los integrantes del árbitro electoral, entre un grupo de personas que deberán acreditar requisitos de capacidad y honorabilidad para participar en la elección. Quien afirma que con las reglas electorales actuales se garantiza la imparcialidad del INE, miente descaradamente.
En ese mismo sentido, la iniciativa presidencial busca sustituir el sistema electoral mixto de México (que ha sobrerrepresentado a los grandes partidos construyendo mayorías artificiales) por un sistema electoral de representación proporcional pura por cada entidad federativa, lo cual garantizará que todas las fuerzas políticas que alcancen el mínimo de porcentaje para salvar su registro, puedan tener representación ante la Cámara de Diputados, siendo esta representación además fuertemente federalista, ya que la repartición de curules se realizará por estado, y no por las arbitrarias circunscripciones en las que se divide el país en la actualidad.
En esa tónica, la de empoderar a la ciudadanía frente a las maquinarias partidistas, debe de entenderse la propuesta de reforma en materia de financiamiento de los partidos políticos: se mantiene el financiamiento público para las campañas electorales, pero el sostenimiento de los partidos políticos durante el período inter elecciones correrá ahora a cuenta de las y los militantes de los partidos, ya no por parte de los ciudadanos.
La desaparición de los Tribunales Electorales locales, que en cada elección son hechos a un lado por los mismos candidatos y partidos ya que sus impugnaciones las presentan “vía per saltum” ante el Tribunal Federal Electoral, así como la absorción de los Institutos Estatales Electorales por parte del INE, adelgazará nuestro sistema electoral, el cual es uno de los más caros del mundo, y obligará a los partidos políticos a profesionalizarse.
Finalmente, la implementación del voto electrónico, la desaparición de los senadores plurinominales por desequilibrar el Pacto Federal, la facilitación para celebrar consultas populares vinculantes así como la sustitución de las campañas electorales mediáticas cargadas de spots de 30 segundos por un modelo de asignación de tiempo que hace énfasis en la explicación de la propuesta, son propuestas que desde la misma ciudadanía se han expresado a lo largo de los años.
Por eso es falso que la discusión sea si la reforma electoral de la 4T nos llevará o no al autoritarismo. La verdadera discusión que debe darse en la opinión pública es sobre el modelo de democracia que queremos: si una democracia representativa, donde solo las élites tomen las decisiones importantes, o una democracia participativa, donde también los ciudadanos, y no solamente los políticos, decidan el rumbo de nuestro país.
Colaboración Editorial:
Pablo Yañez Placencia
