Mucho se ha dicho sobre la reforma electoral y sorprende la desinformación que está permeando al respecto, por eso resulta importante aclarar una serie de mitos que representantes de la oposición buscan hacer pasar como verdades:
MITO: El Presidente busca desaparecer al INE.
REALIDAD: La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador establece con claridad que se busca transformar el sistema institucional en materia electoral del país. Esto significa reformar, no desaparecer, al Instituto Nacional Electoral para que se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), una autoridad verdaderamente autónoma.
Este cambio implica algo más que sólo el nombre. Hoy en día, además del INE, existe un instituto electoral por cada entidad federativa, es decir, nuestro sistema electoral se conforma por 32 institutos locales y uno nacional. La reforma del presidente propone que el INEC sea la única autoridad administrativa electoral del país, evitando con ello la duplicidad de funciones, es decir, se reducirían de 33 instituciones que hacen exactamente lo mismo a una sola, lo que significaría un ahorro presupuestal muy importante. Hoy día todos los institutos locales representan un gasto anual de más de 13,200 millones de pesos.
MITO: El Presidente quiere imponer a consejeros y magistrados electorales.
REALIDAD: El presidente Andrés Manuel plantea en su propuesta, por un lado, la reducción de once a siete consejeros electorales y, para el caso de los magistrados, se establecería un número total de diez, todos los cuales serían electos por el voto popular y no como ocurre en la actualidad, que se designan a partir de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.
Esto significa que los tres Poderes de la Unión podrán proponer a los candidatos a ocupar las consejerías y magistraturas electorales, y sería la ciudadanía la encargada de elegir a los integrantes finales mediante el voto universal para un periodo de seis años, y no de nueve como es en la actualidad.
MITO: Reducir el número de diputados y senadores afectará la pluralidad.
REALIDAD: La reforma propone que la Cámara de Diputados se conforme con 300 integrantes y no con los actuales 500 legisladores. De la misma manera, se propone que el Senado cuente con 96 miembros en lugar de 128.
Los argumentos presentados en la iniciativa giran en torno de que existe una crisis de legitimidad en torno de los legisladores plurinominales. Este acento toma mucho sentido si se considera que los plurinominales no hacen campaña, no generan propuestas, no se vinculan con sus electores, en suma, no gozan de una verdadera representación obtenida mediante el voto.
Actualmente, los legisladores plurinominales son la vía de entrada a las Cámaras de Diputados y Senadores de quienes conforman las cúpulas de los partidos políticos. Resultan una especie de botín político que permite la representación de intereses de grupo más que una verdadera representación popular.
En este punto quisiera agregar una reflexión. Coincido con la importancia de la reducción de los integrantes de las Cámaras de Diputados y Senadores, sin embargo, estoy convencido también de que sigue siendo un tema pendiente el incluir la no reelección como uno de los principios rectores de la democracia mexicana, algo que se perdió en el contexto de las mal llamadas reformas estructurales que impulsó el también mal llamado Pacto por México.
La reforma electoral aborda otros temas que, convenientemente la oposición prefiere ignorar, entre ellos, la reducción del presupuesto a partidos políticos; el número de integrantes de Congresos Locales, ayuntamientos y alcaldías y la disminución la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para que sea vinculante.
La oposición se ha esforzado en generar un discurso de desinformación a partir de los mitos que difunden sobre la reforma electoral, pero también a partir de la omisión de temas prioritarios que conforman la propuesta del presidente. En ese contexto de desinformación desarrollaron la marcha del pasado domingo 13 de noviembre, la cual, más que una manifestación en “defensa de la democracia”, como falsamente afirman, se distinguió por ser un acto repleto de expresiones en contra del proceso de transformación de México y de la figura del presidente de la República.
Fue una marcha representada por las figuras más antidemocráticas del México moderno: Vicente Fox, quien resultó uno de los principales actores en el proceso de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, con el único propósito de evitar su participación en las elecciones de 2006; Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón y hermana de Ignacio Zavala, quien fue contratado por el entonces Instituto Electoral en 2006 y sobre quien pesan los señalamientos de haber sido participe en el fraude de aquella elección; Elba Esther Gordillo, quien mediante procesos antidemocráticos detentó el poder durante muchos años del Sindicato de trabajadores de la educación.
Esa marcha y su postura contrasta con la opinión que tiene la mayoría de mexicanosrespecto de la reforma electoral, y de la cual una propia encuesta del INE da cuenta: 51% de los mexicanos están de acuerdo con que el INE se reforme; 93% opinan a favor de la disminución de los recursos a partidos políticos; 87% se dijeron a favor de tener menos diputados y senadores; 78% indicaron su apoyo a votar por consejeros y magistrados electorales y el 75% dijo estar a favor de otorgar menos recursos a la autoridad electoral.
Colaboración Editorial:
Dip. Gerardo Villanueva Albarrán – Vicepresidente del Congreso de la Ciudad de México
