Una reciente investigación periodística volvió a colocar en el centro de la discusión pública al gobernador de Nuevo León, Samuel García, tras difundirse un presunto esquema de triangulación de recursos que habría involucrado empresas proveedoras del Gobierno estatal y un despacho jurídico ligado a su familia.
De acuerdo con el reportaje, el mecanismo consistiría en una cadena de transferencias realizadas entre compañías relacionadas entre sí, mediante movimientos financieros efectuados en periodos muy cortos. La investigación sostiene que parte de los recursos públicos habrían terminado en cuentas asociadas al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, señalado como propiedad del mandatario y de su padre.
Uno de los casos citados ocurrió presuntamente el 19 de noviembre de 2021. Según los documentos analizados por los investigadores, la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Nuevo León habría transferido 33.8 millones de pesos a la empresa “Suministro MYR”. Posteriormente, parte del dinero habría sido enviado a “Proveedor de Productos Mexicanos JACE” y finalmente 10 millones de pesos terminaron en el despacho jurídico mencionado. El recorrido financiero, asegura la publicación, se habría concretado en poco más de dos horas.
El reportaje también documenta operaciones similares registradas entre 2022 y 2023, donde distintos proveedores gubernamentales habrían realizado movimientos millonarios con destino final al mismo despacho privado. Las transacciones, según se detalla, se caracterizarían por la rapidez con la que el dinero cambiaba de cuentas y empresas.
Otro de los aspectos señalados en la investigación corresponde al supuesto financiamiento de campañas digitales. El documento refiere que “Firma Jurídica y Fiscal Abogados” habría destinado alrededor de 81.6 millones de pesos para estrategias de posicionamiento en plataformas digitales y redes sociales a favor de Samuel García. Para ello, presuntamente se utilizó como intermediaria a la empresa “Nauka Comunicación Estratégica”, identificada también como proveedora del Gobierno estatal.
La publicación añade además la existencia de una presunta red empresarial con operaciones internacionales. Entre las compañías mencionadas figuran “Norkux”, “VGL Logística y Soluciones Integrales” y “Trinational Express Logistics”, esta última registrada en Texas, Estados Unidos. El reporte asegura que entre dichas empresas se detectaron transferencias por aproximadamente 22 millones de dólares.
Asimismo, se señala que entre agosto de 2025 y febrero de 2026 la empresa “Trinational Express Logistics” habría realizado pagos cercanos a los 90 millones de pesos al despacho relacionado con la familia del gobernador.
Tras darse a conocer la investigación, dirigentes de Morena en Nuevo León anunciaron que el próximo martes 26 de mayo acudirán ante la Fiscalía General de la República para solicitar la apertura de una denuncia e iniciar investigaciones por posibles actos de corrupción y presunto conflicto de intereses relacionados con Samuel García y Mariana Rodríguez.
En un posicionamiento público, representantes del partido señalaron que “la lucha contra la corrupción no es un discurso en Morena, sino una de las principales causas que dieron origen al movimiento”. Además, criticaron que quienes prometieron una nueva forma de hacer política “terminaron haciendo más de lo mismo”, marcando así distancia política con el actual gobierno estatal.
“Esa es la diferencia entre ellos y nosotros”, expresaron integrantes del partido al adelantar la presentación formal de la denuncia ante autoridades federales.
Hasta el momento, la información forma parte exclusivamente de una investigación periodística y no existe una resolución judicial definitiva que confirme las acusaciones. No obstante, el caso ya comenzó a provocar reacciones dentro del escenario político nacional debido al volumen de recursos involucrados y a los posibles vínculos entre proveedores gubernamentales y estructuras privadas.
La controversia surge además en un contexto nacional marcado por un mayor escrutinio sobre el manejo de recursos públicos, la transparencia gubernamental y el uso de estrategias digitales para la promoción política en redes sociales.
