Municipio
Por Leobardo Rodríguez Juárez
Se han cumplido cuatro años del inicio de la de transformación en la vida pública de nuestro país, la más grande que haya testificado nuestra generación. No ha sido un tránsito sencillo, los intereses creados durante décadas por gobiernos autoritarios y corruptos se resisten de manera determinada a cambiar las viejas formas de hacer gobierno. Todos los días buscan descarrilar el proyecto por el que votó el pueblo de México en 2018, anhelan el régimen de saqueo y privilegios, afortunadamente, todos sus intentos han fracaso.
No obstante, no debemos confiarnos, los riesgos para el proyecto que busca empoderar al pueblo de México seguirán latentes, por ello es importante que en este momento estelar y esperanzador que vive nuestra Patria, dimensionemos el rol que cada uno de los participantes en la vida pública tiene con la consolidación del proyecto que el presidente López Obrador ha denominado la cuarta transformación del país.
Nuestra carta magna puntualiza que, en México, el gobierno debe ser republicano, representativo, democrático, laico y popular; territorialmente se divide en 32 entidades federativas y en más de 2 mil 470 municipios. El artículo 115 constitucional delimita perfectamente las funciones y servicios públicos que el orden de gobierno municipal tiene a su cargo y aunque el pacto federal que rige las relaciones entre órdenes de gobierno tiene varias décadas de aplicarse, las limitaciones institucionales para los ayuntamientos siguen siendo descomunales.
Los ingresos municipales son mayoritariamente de procedencia federal, las participaciones y aportaciones que el gobierno de la República transfiere mensualmente a los municipios sigue siendo el corazón que sostiene financieramente a los municipios. Los esfuerzos por recaudar localmente son insuficientes e ineficaces, la irresponsabilidad en el manejo de las haciendas públicas municipales es alarmante. A pesar de las restricciones que impone la de Ley de disciplina financiera, los gobiernos municipales siguen experimentando crisis financieras que los llevan a contraer deuda que garantizan con los recursos que habrá de entregarles la federación en ejercicios futuros.
Sigue habiendo demasiadas omisiones en cumplimiento de diversas obligaciones que ya están establecidas en la constitución y en diversos ordenamientos de aplicación general, por ejemplo, el establecimiento de gobiernos austeros, el impulso de agencias y medidas de combate a la corrupción, la dignificación del empleo público como uno de los derechos humanos fundamentales y el cumplimiento real de tramo de responsabilidad que les toca en materia de seguridad pública y pacificación.
Es este contexto el que nos obliga a poner en el radar, el urgente impulso de una reforma que busque modernizar del diseño institucional de los municipios, que preserve su autonomía pero que les permita ser más eficaces en la atención de las demandas ciudadanas, que los fortalezca para que aporten su granito de responsabilidad en la concreción de un modelo de gobierno con altos valores de honestidad, profesionalismo y transparencia.
