La crisis bancaria en Paraguay alcanzó el centro del poder político. Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia este jueves, después de que el colapso de Ueno Bank provocara protestas y debilitara su respaldo legislativo. Reuters reportó que el mandatario negó haber cometido irregularidades frente a los cuestionamientos por sus anteriores vínculos empresariales con el grupo relacionado con la institución.
Para México, el episodio despierta una memoria incómoda: el FOBAPROA. La comparación exige examinar el mecanismo financiero y sus consecuencias, porque una intervención bancaria no implica, por sí sola, que todas las obligaciones privadas se conviertan en deuda del Estado.
El riesgo aparece cuando las pérdidas que deberían absorber los propietarios y responsables de una institución terminan trasladándose al presupuesto público. En ese punto, una crisis empresarial se transforma en una carga para personas que nunca participaron en las decisiones del banco.
Ueno: el problema llegó a los ahorros
El Banco Central del Paraguay informó el 3 de noviembre que había dispuesto iniciar la resolución de Ueno, mediante una decisión adoptada el día anterior. La autoridad encontró que su índice de solvencia estaba por debajo de la mitad del mínimo requerido. También señaló que el procedimiento buscaría proteger a los depositantes y preservar los activos de la entidad.
La dimensión social es considerable. EFE reportó que la institución contaba con 2.9 millones de clientes. La interrupción de sus servicios convirtió un problema de balances bancarios en una emergencia para hogares y negocios dependientes de esos recursos.
Hay, además, recursos de instituciones públicas comprometidos. Según información recogida por Infobae, el Instituto de Previsión Social tenía aproximadamente 355 millones de dólares invertidos en Ueno. Ese monto representa una exposición financiera: no debe confundirse con una pérdida definitiva ni con una deuda pública nueva. Su recuperación dependerá del procedimiento y del valor de los activos disponibles.
La experiencia mexicana
La relación con México tiene un antecedente concreto. Tras la crisis de 1994 y 1995, el rescate bancario derivó en obligaciones que trascendieron a las instituciones financieras beneficiadas.
La Auditoría Superior de la Federación documenta que en 1998 el Gobierno federal solicitó al Congreso convertir la deuda del FOBAPROA en deuda pública. La aprobación estuvo acompañada por la sustitución de aquel fondo por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB.
La lección mexicana es que el costo de un rescate puede prolongarse mucho más que la emergencia que lo origina. Cuando el Estado asume obligaciones financieras, su pago compromete recursos presupuestarios futuros y reduce el margen para atender otras necesidades.
¿Paraguay ya tiene su FOBAPROA?
La evidencia disponible permite identificar el riesgo, pero todavía no demostrar una equivalencia completa.
Paraguay dispone de un Fondo de Garantía de Depósitos financiado con recursos públicos y privados. El propio banco central explica que su diseño busca que los costos de resolución descansen sobre los aportes del sistema financiero y reduzcan progresivamente la participación pública. Por ello, pagar una garantía legal no equivale automáticamente a contratar deuda soberana para rescatar accionistas.
El Congreso paraguayo aprobó una reforma para anticipar pagos de la garantía hasta por 40 salarios mínimos, con compensación de obligaciones vencidas. Esa medida acelera la restitución del ahorro cubierto; por sí misma, no demuestra que el Estado haya asumido todas las deudas del banco.
La comparación con el FOBAPROA se volvería más directa si el Tesoro absorbiera pérdidas privadas mediante endeudamiento, garantías extraordinarias o transferencias cuyo costo quedara a cargo de los contribuyentes. Para determinarlo será necesario conocer el faltante real, las recuperaciones y la fuente definitiva del financiamiento.
Proteger el ahorro y exigir responsabilidades
La respuesta debe permitir que los pequeños ahorradores recuperen sus recursos y establecer responsabilidades mediante investigaciones y procesos legales. También debe transparentar cuánto aportarán los propietarios, cuánto podrá recuperarse de los créditos y qué costo residual enfrentará el sector público.
México ofrece a Paraguay una advertencia: la urgencia de estabilizar un banco puede producir compromisos fiscales duraderos si las decisiones se toman sin límites claros ni rendición de cuentas.
El desenlace paraguayo dependerá de esa distribución de costos. Si las pérdidas privadas terminan convertidas en obligaciones públicas, la referencia al FOBAPROA dejará de ser una advertencia y pasará a describir el mecanismo del rescate.
Por Carlos Antelmo Mora – P4TRIOTAS | Análisis de Economía internacional | 5 de noviembre de 2026.
