La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la imposición de sanciones contra 41 servidores públicos por diversas irregularidades cometidas en dependencias federales. Del total, 18 casos correspondieron a faltas graves y 23 a conductas consideradas no graves.
Las medidas disciplinarias van desde amonestaciones y suspensiones hasta destituciones, inhabilitaciones de hasta una década y multas millonarias. En conjunto, las sanciones económicas superan los 22 millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, entre las conductas detectadas se encuentran daño patrimonial, pagos sin justificar, enriquecimiento injustificado, nepotismo, acoso sexual, utilización indebida de vehículos oficiales y recursos públicos, falsificación de documentos y amenazas.
Uno de los casos de mayor relevancia involucra a dos funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, quienes fueron inhabilitados durante 10 años por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, recibieron multas de 12.2 y 8.7 millones de pesos, luego de autorizar el pago de cinco facturas sin acreditar la totalidad de los servicios contratados, generando un perjuicio de aproximadamente 20 millones de pesos.
En la Comisión Federal de Electricidad también se impusieron sanciones severas. Un funcionario fue inhabilitado por 10 años después de omitir información relacionada con cuentas bancarias y recursos que derivaron en un incremento injustificado de 5.4 millones de pesos en su patrimonio personal y familiar.
Otro trabajador de la CFE recibió la misma sanción tras conducir un vehículo oficial a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, provocando la pérdida total de la unidad. En este caso también se estableció una multa de 450 mil pesos.
Las acciones disciplinarias abarcaron además a servidores públicos de instituciones como Semarnat, Secretaría de Cultura, IMSS, Banjército, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, DIF y SAT, por la comisión de faltas graves.
En cuanto a las conductas no graves, las sanciones alcanzaron a trabajadores de 13 dependencias, entre ellas Pemex, CFE, Guardia Nacional, IMSS-Bienestar y Conagua.
Entre los casos señalados destaca el de un trabajador de IMSS-Bienestar, quien fue destituido e inhabilitado por tres meses tras ser responsabilizado por acoso sexual contra una guardia de seguridad. Asimismo, un integrante de la Guardia Nacional fue cesado por presentar un certificado de bachillerato inválido para obtener su licencia de portación de armas.
En Pemex, un empleado recibió una suspensión de un año debido a una omisión durante labores de corte y soldadura que derivó en un incendio.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas resoluciones forman parte de las acciones para combatir las irregularidades dentro de la administración pública y fortalecer el uso adecuado de los recursos públicos.
