La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, incorporó a 40 objetivos —25 personas físicas y 15 empresas— a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar movimientos financieros considerados de riesgo y relacionados con proveedores de material electoral.
Como parte de las acciones, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades legales.
De acuerdo con una fuente con acceso a la lista, entre las personas afectadas se encontrarían Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y José Alfredo Hernández Casillas, empresario dedicado a la contratación y suministro de materiales electorales, además de algunos de sus socios.
La decisión de Hacienda ocurre en medio de los señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades, tráfico de influencias y posibles actos de corrupción relacionados con la gestión de Taddei al frente del organismo electoral, acusaciones que comenzaron a circular semanas antes de su salida del cargo.
En su comunicado, la UIF aclaró que el bloqueo constituye una medida administrativa de carácter preventivo y precautorio, por lo que no representa una declaración definitiva de culpabilidad. Asimismo, precisó que los involucrados y los representantes legales de las compañías tienen derecho a ejercer los mecanismos de defensa y solicitar la garantía de audiencia establecidos en la legislación.
Empresas proveedoras, bajo la lupa por contratos millonarios
La investigación también se relaciona con una red de empresas proveedoras de insumos electorales que habría obtenido contratos públicos por miles de millones de pesos durante más de una década.
El pasado viernes, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, informó ante legisladores que cinco compañías presuntamente relacionadas entre sí recibieron adjudicaciones por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, a través de organismos públicos locales electorales (OPLE).
Según la información presentada, las empresas habrían simulado competencia entre ellas para obtener contratos. Entre los vínculos identificados figuran los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, además de otras personas.
El funcionario detalló que Cajas Graff obtuvo contratos por mil 72 millones 876 mil pesos con 21 organismos electorales locales y otros 198 millones 738 mil pesos con el INE durante la administración encabezada por Taddei.
A esta compañía se suman Corporativo Zeg, con adjudicaciones por 278 millones 717 mil pesos; Comercializadora JVLY, con 208 millones 396 mil pesos; Formas Finas, con 815 millones 961 mil pesos, y Seriplast, con 85 millones 123 mil pesos, estas últimas cifras correspondientes a contratos con organismos electorales locales.
Durante la conferencia presidencial del viernes, Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, confirmó que varias empresas relacionadas con el suministro de materiales electorales habían sido objeto de acciones de bloqueo por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Gómez cuestionó el modelo de negocio de las compañías señaladas, al sostener que no cuentan con instalaciones industriales propias ni fabrican los productos que ofrecen a las autoridades electorales.
De acuerdo con sus declaraciones, se trataría principalmente de intermediarios que obtienen contratos públicos y posteriormente subcontratan a imprentas y otros proveedores para cumplir con los pedidos.
El funcionario también recordó que algunas de estas compañías consiguieron suspensiones judiciales para ser retiradas de la Lista de Personas Bloqueadas, antes de que se modificaran las disposiciones relacionadas con este mecanismo.
La FGR deberá determinar posibles responsabilidades
Con el bloqueo de las 40 personas y empresas y la presentación de la denuncia correspondiente, el caso pasa ahora al ámbito de investigación de la Fiscalía General de la República.
La revisión de los movimientos financieros, los vínculos empresariales y las adjudicaciones de contratos permitirá establecer si existieron operaciones ilícitas o mecanismos irregulares para obtener recursos públicos.
Por ahora, las medidas adoptadas por la UIF no constituyen una sentencia ni acreditan por sí mismas la comisión de delitos. La determinación de eventuales responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes, conforme avance el procedimiento legal.
