La participación encubierta de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones contra el narcotráfico en Chihuahua ha desatado una controversia sobre los límites de la intervención extranjera en México, las responsabilidades de las autoridades estatales y las contradicciones de la estrategia de seguridad estadounidense.
Una investigación publicada por The New York Times, elaborada por los periodistas Jack Nicas y Steve Fisher, revela que la agencia estadounidense habría establecido una relación operativa con Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, para facilitar el despliegue de agentes extranjeros en territorio mexicano.
Lo más controvertido es que, antes de convertirse en un colaborador de confianza de la CIA, Zuany había perdido su visa estadounidense debido a sospechas de vínculos con organizaciones criminales.
Según los testimonios recopilados por el diario, el documento migratorio le habría sido restituido después de facilitar la participación de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad.
El caso plantea una contradicción central: ¿cómo pudo un funcionario investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico convertirse en una pieza estratégica de la inteligencia estadounidense para combatir a esas mismas organizaciones?
Agentes extranjeros participaron en operaciones dentro de México
De acuerdo con la investigación periodística, la relación comenzó en 2025, cuando Zuany facilitó el contacto de elementos de la CIA con unidades de la policía estatal de Chihuahua.
Durante más de seis meses, los estadounidenses participaron en entrenamientos tácticos, asesoramiento y acompañamiento operativo de fuerzas mexicanas.
Los testimonios señalan que algunos agentes portaban armas, utilizaban equipo táctico y llegaron a vestir prendas con insignias oficiales de Chihuahua.
La presencia estadounidense habría superado las actividades de intercambio de información contempladas en los mecanismos ordinarios de cooperación bilateral.
Incluso, según el reportaje, en una intervención contra una instalación presuntamente utilizada por un grupo criminal, un agente extranjero proporcionó cobertura armada, mientras otro participó posteriormente en la revisión de dispositivos electrónicos y estuvo presente durante el interrogatorio de una persona detenida.
Estas revelaciones colocan bajo escrutinio la actuación de las autoridades estatales y los mecanismos de control sobre la presencia de personal extranjero en el territorio nacional.
El accidente que descubrió la operación clandestina
El 19 de abril de 2026, un operativo en la Sierra Tarahumara terminó en tragedia cuando una camioneta cayó por un barranco de aproximadamente 90 metros.
En el accidente murieron dos ciudadanos estadounidenses identificados por la investigación periodística como agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos.
La operación estaba relacionada con la localización de un laboratorio clandestino de metanfetaminas.
De acuerdo con los testimonios y documentos citados por The New York Times, después del accidente se habrían dado instrucciones para ocultar la participación de los agentes extranjeros.
El siniestro desencadenó investigaciones sobre la identidad de los fallecidos, la legalidad de su presencia y las responsabilidades de los funcionarios que permitieron su intervención.
Lo que inicialmente fue presentado como una operación antidrogas terminó por exhibir una colaboración internacional cuyos alcances no habían sido transparentados públicamente.
La soberanía nacional y los límites de la cooperación
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la cooperación en seguridad con Estados Unidos debe desarrollarse mediante intercambio de inteligencia, coordinación institucional y respeto a la soberanía de México.
La Ley de Seguridad Nacional establece condiciones específicas para la presencia y actuación de agentes extranjeros.
Sus artículos 69, 70 y 71 regulan la acreditación de dichos agentes, las obligaciones de las autoridades mexicanas y la prohibición de que funcionarios extranjeros ejerzan facultades reservadas a instituciones nacionales.
En ese contexto, las revelaciones sobre la presencia de agentes armados de la CIA en operaciones policiales adquieren una dimensión jurídica y diplomática.
La cooperación internacional no equivale a una autorización irrestricta para intervenir en el territorio de otro Estado.
La cuestión central no es si México debe cooperar con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, sino quién autorizó las operaciones, bajo qué marco jurídico se realizaron y qué autoridades conocían realmente sus alcances.
Órdenes de aprehensión contra exfuncionarios
El 10 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El exfuncionario enfrenta señalamientos relacionados con ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante autoridades en la causa estatal.
Por su parte, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido y enfrenta procesos relacionados con la presunta autorización o participación en actividades de agentes estadounidenses, incluidos señalamientos por traición a la patria.
Las imputaciones deberán ser acreditadas ante las instancias judiciales correspondientes y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
¿Qué sabía el Gobierno de Chihuahua?
Otro de los elementos que ha generado controversia es el conocimiento que pudieron haber tenido las autoridades superiores del estado.
Guillermo Zuany afirmó ante los periodistas del diario estadounidense que la gobernadora María Eugenia Campos estaba enterada de la presencia de agentes de la CIA.
Sin embargo, la Fiscalía estatal rechazó esa versión y sostuvo que no existen pruebas en la investigación que acrediten que la mandataria conociera o autorizara las operaciones.
De acuerdo con la dependencia, la carpeta reúne 150 declaraciones de 86 personas, además de elementos documentales, periciales y técnicos.
La Fiscalía aseguró que la información sobre la intervención extranjera habría sido ocultada a la gobernadora.
Estas versiones contrapuestas hacen indispensable determinar la cadena de mando y las responsabilidades institucionales mediante investigaciones independientes y pruebas verificables.
Una contradicción en la política antidrogas estadounidense
La investigación también abre preguntas sobre los criterios con los que las agencias de inteligencia estadounidenses seleccionan a sus colaboradores en otros países.
Mientras el gobierno de Donald Trump ha incrementado la presión sobre México para combatir a los grupos del narcotráfico, el reportaje describe una relación entre la CIA y un funcionario sobre quien existían advertencias por posibles vínculos criminales.
El uso de intermediarios cuestionados para desarrollar operaciones de inteligencia puede comprometer tanto la eficacia de las investigaciones como la legitimidad de la cooperación internacional.
Si las autoridades estadounidenses conocían las sospechas contra Zuany y aun así mantuvieron la colaboración, resulta necesario esclarecer quién tomó esa decisión y bajo qué criterios.
México frente al desafío de defender su soberanía
El caso Chihuahua trasciende las posibles responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
También obliga a revisar la capacidad de las instituciones mexicanas para supervisar acuerdos de cooperación internacional, impedir operaciones no autorizadas y garantizar que ninguna autoridad local facilite la intervención de agencias extranjeras al margen de los mecanismos establecidos por el Estado mexicano.
La investigación judicial deberá determinar si existieron responsabilidades penales, omisiones administrativas o actuaciones contrarias a la legislación nacional.
Pero el debate político es más amplio: el combate al narcotráfico no puede convertirse en una excepción permanente al respeto de la soberanía mexicana ni en una justificación para la actuación discrecional de agencias extranjeras.
La cooperación entre México y Estados Unidos puede resultar necesaria frente a organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, su legitimidad depende de la legalidad, la reciprocidad, la transparencia institucional y el respeto a las decisiones soberanas de cada país.
El caso de Chihuahua deja una pregunta que ambas naciones deberán responder:
¿Quién controlaba realmente las operaciones de seguridad realizadas en territorio mexicano y bajo las órdenes de quién actuaban los agentes extranjeros?
