La opacidad en el funcionamiento de los órganos encargados de proteger el patrimonio cultural en Nuevo León fue cuestionada en el Congreso local, luego de que se aprobara un exhorto para exigir claridad sobre las Juntas de Protección y Conservación previstas en la legislación estatal.
El llamado fue aprobado por unanimidad y obliga al Poder Ejecutivo a rendir cuentas sobre la creación, operación y coordinación de estas Juntas, consideradas clave para preservar el legado arquitectónico e histórico de los municipios.
El punto de acuerdo, presentado por la diputada de Morena, Grecia Benavides, se centra en la falta de información pública sobre estos cuerpos colegiados, cuya existencia y eficacia siguen siendo, en muchos casos, un misterio. Según lo señalado en tribuna, no hay datos claros sobre cuántas Juntas se han instalado, qué funciones han desempeñado o con qué recursos operan.
“Estamos ante un problema de invisibilidad institucional que pone en riesgo los elementos que conforman la identidad y la memoria colectiva de Nuevo León”, advirtió Benavides, al subrayar que sin datos claros, es imposible evaluar si la Ley de Patrimonio Cultural se está cumpliendo.
La legislación estatal prevé la creación de estas Juntas como órganos de enlace entre el Estado, los municipios y la sociedad civil, con la misión de garantizar una protección efectiva del patrimonio. Sin embargo, la escasa información disponible ha generado inquietud entre especialistas, activistas y ciudadanos, especialmente en zonas con valor histórico como el Barrio Antiguo de Monterrey, donde la presión inmobiliaria se mantiene al alza.
El exhorto plantea preguntas clave: ¿cuántas Juntas existen formalmente?, ¿cómo se coordinan con los gobiernos municipales?, ¿qué acciones han implementado?, y ¿qué recursos tienen disponibles?
Para organizaciones ciudadanas, esta acción legislativa representa una oportunidad para revisar críticamente el compromiso del Estado con la conservación del patrimonio. “No se trata solo de conservar edificios antiguos; es preservar la memoria viva de nuestras comunidades, y eso requiere instituciones funcionales y transparentes”, opinó un integrante del colectivo Rescate Urbano, que ha denunciado demoliciones ilegales en el centro histórico de Monterrey.
El Congreso espera que el Ejecutivo responda con prontitud y detalle al exhorto, lo que abriría la puerta a una revisión integral de las políticas públicas en materia de patrimonio cultural. Mientras tanto, crecen las voces que exigen que la protección del legado histórico de Nuevo León pase del discurso a la acción.
