La reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador está encaminada a que todas las personas tengan acceso al derecho a la justicia rápida y equitativa. En ese sentido, el Poder Judicial se ha corrompido desde dentro y se ha puesto al servicio de poderes fácticos como el económico, el financiero, el empresarial y con sesgos políticos, transformando la impartición de justicia en un lucrativo negocio para quienes pueden pagarlo.
Mientras mucha gente espera a tener un juicio justo, ministros y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberan, con el mayor cinismo, a criminales de cuello blanco que han saqueado al país y que ahora se encuentran impunes y con los bolsillos llenos, así como a feminicidas y otros delincuentes.
A raíz de que nuestro Movimiento obtuvo la mayoría en el Congreso, que le posibilita para llevar a cabo reformas como esta, se iniciaron una serie de foros de consulta tanto ciudadanos como en la propia SCJN.
En el foro de la SCJN la ministra Lenia Batres indicó durante su intervención que “Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”. Asimismo, recordó que “El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”.
Poder Judicial bajo el escrutinio público
La reforma busca la democratización de la justicia en diversos aspectos: desde la parte expedita hasta los salarios de las y los jueces y ministros, así como todas sus prestaciones, que no solo son exorbitantes sino ofensivas para el pueblo de México.
La ministra Batres indicó que el Poder Judicial se debe abrir al escrutinio público “obligando a sus titulares a responder al interés general (así como) crear el organismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras”.
También propuso limitar las interpretaciones y resoluciones, y su capacidad de “emitir estándares, limitantes, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa, y suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros de la Suprema Corte”.
Lenia Batres además propuso “que se revise también, quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto”, afirmó.
Al referirse a quienes más se ha desplazado por la impunidad como las principales víctimas de garantías: las personas más humildes, quienes difícilmente pueden acceder a una defensa, y lo que más encuentran es abuso en lugar de justicia en los jueces mexicanos, aseveró que “La justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra: es injusta”.
Finalmente, indicó que “Las instituciones que imparten justicia deben responder a los intereses públicos y sociales. Deben ser confiables, que rindan cuentas y actúen con transparencia y honradez, con sensibilidad, conciencia social y solidaridad hacia el que sufre (porque) las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano”, concluyó.
Por su parte Arturo Saldívar, exministro de la SCJN y expresidente de la misma, destacó que “Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial se habla de independencia y autonomía, como si se tratara de instrumentos etéreos y no de garantías instrumentales para la justicia”.
El exministro centró su discurso en que la independencia judicial exige legitimación social. Es decir, que requiere de la confianza del pueblo en su aparato de justicia, lo cual no ocurre en la actualidad, pues sin esa legitimación social, “no es más que una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo”, dijo.
“La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo”, abundó, y terció que nunca ha estado en peor situación que ahora, porque actualmente “tenemos una justicia elitista, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social”.
Lamentablemente, recordó Saldívar, en enero de 2023 se tomó la decisión de destruir los avances en materia de combate al nepotismo y a la corrupción y desaparecieron las políticas de paridad de género, pero sobre todo “se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía de los poderosos, de la comentocracia de la derecha”.
Olvidaron —sentenció— que el pueblo no es tonto y mandó un mensaje contundente en las urnas el pasado 2 de junio, de que se requiere una profunda reforma al Poder Judicial y una justicia diferente y más democrática, porque “La justicia no es un privilegio. La justicia es un derecho”.
