La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marcó distancia este miércoles respecto a la disposición transitoria que de último momento fue incorporada en el dictamen de reforma a la Ley de Amparo aprobado por el Senado. La mandataria dejó claro que “la Constitución es contundente: no puede haber retroactividad en perjuicio de persona alguna”, y subrayó que su iniciativa original nunca contempló ese punto.
La polémica surgió luego de que el senador morenista Manuel Huerta añadiera en el Pleno, vía una reserva, una cláusula que obliga a que los asuntos en trámite se juzguen con la nueva legislación. Esta modificación ha despertado un amplio debate, pues especialistas y opositores advierten que contradice directamente el artículo 14 constitucional, que protege la seguridad jurídica.
Sheinbaum cuestiona retroactividad en Ley de Amparo y pide respetar procesos en curso
Sheinbaum reconoció que el tema genera preocupación y se comprometió a revisar el origen de la adición. “No era necesaria esa incorporación. Me parece que los juicios en trámite deben resolverse conforme a la ley anterior, porque son procedimientos iniciados previamente”, recalcó durante su conferencia matutina.
El dictamen, que fue aprobado con 70 votos a favor y 39 en contra tras una maratónica sesión en el Senado, ya venía cargado de críticas desde su presentación el pasado 15 de septiembre. Organizaciones civiles y expertos habían cuestionado la limitación al concepto de “interés legítimo” y las restricciones a las suspensiones provisionales, figuras clave en juicios relacionados con megaproyectos y causas ambientales.
Aunque algunos de esos puntos fueron matizados antes de la votación, la introducción de la retroactividad encendió todas las alarmas. El propio coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió que tal como está redactada la disposición “sí podría ser violatoria” de la Carta Magna, por lo que anticipó una revisión exhaustiva en San Lázaro.
De fondo, la iniciativa ha sido vinculada a los procesos judiciales que enfrenta el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien mantiene disputas fiscales con el SAT por una deuda superior a los 75 mil millones de pesos. La reforma busca, entre otros objetivos, evitar que los deudores fiscales utilicen amparos repetitivos para prolongar indefinidamente los litigios.
El episodio deja ahora en manos de la Cámara baja la responsabilidad de corregir el dictamen y despejar las dudas sobre una reforma que, de no ajustarse, podría terminar en tribunales. Sheinbaum, por su parte, envió un mensaje de respeto a la legalidad y cerró filas con la Constitución: “Las leyes no pueden aplicarse hacia atrás. Ese es un principio fundamental de nuestro marco jurídico”.
