La inconformidad que hoy asoma en sectores de la ciudadanía hacia la Cuarta Transformación no nace, en su mayoría, del proyecto nacional. Surge, más bien, de lo que sucede -o no sucede- en los gobiernos estatales y municipales. Es ahí donde el discurso transformador se topa con inercias añejas, con la resistencia al cambio y con prácticas que contradicen el espíritu que llevó al movimiento a obtener la mayoría de los votos en 2018. Y es justo desde esa mirada de apoyo crítico que vale la pena decirlo con claridad.
La jefa política de la 4T no puede cargar sola con los costos de gobiernos locales que aún reproducen la corrupción de siempre. Hoy, según el INEGI, más de una de cada diez personas que tiene contacto con autoridades reporta experiencias de corrupción. Y esas experiencias ocurren, sobre todo, en trámites municipales, en ventanillas donde el ciudadano espera atención y recibe obstáculos, en obras que se licitan sin claridad o se entregan a medias. No sólo es un asunto anecdótico recurrente: es un desgaste directo a la confianza en el proyecto nacional.
También persisten la frivolidad y el dispendio. Mientras el gobierno federal ha insistido en austeridad y disciplina, en no gobernar para las élites, muchos gobiernos locales siguen actuando como si nada hubiera cambiado: suburbans de lujo, oficinas rentadas sin justificar, gasto en comunicación antes que en servicios públicos. Esas señales -que parecen pequeñas- dañan profundamente. Porque el cambio se evalúa, sobre todo, en lo cercano: en la calle limpia, el bache bien tapado, el alumbrado que funciona, la obra que no se encarece tres veces, el servidor público que atiende sin “gestores” de por medio.
La transparencia es otro pendiente mayor. Aún es común que municipios y estados oculten información, retrasen respuestas o “extravíen” documentos clave sobre contratos, compras, nóminas o indicadores de obra pública. Sin transparencia local, la lucha anticorrupción queda coja. Y sin rendición de cuentas, el ciudadano siente que la promesa de transformación sigue incompleta.
Por eso la crítica desde dentro es indispensable. La lealtad no significa silencio: significa seguir construyendo el proyecto señalando sus eslabones débiles. La 4T tiene una responsabilidad histórica, pero necesita que estados y municipios se alineen de verdad con los principios que la hicieron posible. No basta con ponerse el color guinda ni aprenderse las líneas discursivas de AMLO; hace falta asumir la responsabilidad ética de gobernar distinto.
El desencanto ciudadano no es un rechazo al rumbo nacional. Es una exigencia legítima: que la transformación también se sienta en la patrulla, en el recibo, en el trámite, en la colonia. Que los gobiernos locales entiendan que no pueden seguir viviendo del prestigio prestado del proyecto federal. Que el cambio debe aterrizar en lo cotidiano.
Si la 4T quiere consolidarse, tiene que cerrar esa brecha. El país tiene una Presidenta honesta y trabajadora, ahora debe de tener gubernaturas y alcaldías a la altura del liderazgo de la Doctora Claudia Sheinbaum y no perpetuarse con amiguismos, nepotismos ni mucho menos coludirse con agentes de dudosa procedencia. La coyuntura internacional exige lo mejor de nuestra clase política.
