Mientras el PAN presume una nueva etapa de “relanzamiento” basada en la defensa de las libertades, el gobierno federal impulsa un ciclo de reformas profundas que buscan fortalecer derechos sociales, reorganizar instituciones y combatir inercias históricas de desigualdad.
Dos caminos enfrentados en el debate público
En julio de 2025, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció una etapa de “relanzamiento total”, con mensajes que advertían sobre un supuesto avance de un “gobierno policial”. Desde Tlaxcala, su dirigente nacional Jorge Romero Herrera presentó la consigna “Acciones, no discursos”, prometiendo abrir el partido a la ciudadanía y especialmente a las juventudes.
Paralelamente, la Cuarta Transformación atraviesa un momento de reformas intensas: cambios constitucionales, reestructuración del Poder Judicial, ampliación de derechos sociales y nuevas reglas para equilibrar el poder público. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se aprobaron 50 reformas a 35 artículos constitucionales, una cifra que evidencia el impulso reformador del llamado Segundo Piso de la 4T.
No es solo una confrontación legislativa: se trata de dos visiones de país. Una derecha que busca reposicionarse frente al avance de la 4T, y un gobierno que apuesta por transformar estructuras históricas que han privilegiado a minorías económicas y políticas.
El relanzamiento del PAN: libertad como bandera y estrategia de oposición
En su comunicado oficial “Acciones, no discursos: el PAN se relanza y se abre a la ciudadanía”, Romero delineó tres ejes centrales:
- Una dirigencia itinerante que recorra el país.
- Apertura de candidaturas a la ciudadanía, especialmente jóvenes.
- La narrativa de que el gobierno “se mete con tus libertades”, basada en su rechazo a la llamada Ley Espía y a lo que denominan Ley Censura.
Romero afirma que Morena construye un “andamiaje de un gobierno cada vez más policial”, y que el PAN defenderá libertades individuales promoviendo amparos y denunciando cualquier regulación que interpreten como intrusiva.
Medios como La Jornada han destacado que este relanzamiento incluye la apertura de candidaturas a perfiles externos, un intento por recomponer su base electoral tras años de derrotas consecutivas frente a Morena.
Para la derecha, la narrativa es clara: advertir sobre supuestas amenazas a la libertad. Para la 4T, las reformas buscan garantizar esos derechos desde la justicia social.
El ciclo reformador de la 4T: transformaciones que cambian el tablero político
El paquete de reformas presentado el 5 de febrero de 2024, y las medidas posteriores del gobierno de Claudia Sheinbaum, constituyen uno de los procesos reformadores más relevantes en décadas. Un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sistematiza 20 iniciativas que abarcan austeridad republicana, Guardia Nacional, Poder Judicial, energía, democracia y bienestar social..
A continuación, los ejes más relevantes:
1.- Derechos sociales y un Estado de bienestar fortalecido
Diversos estudios sobre los primeros años de la 4T subrayan la consolidación de un Estado social basado en pensiones universales, becas educativas y apoyos al campo. El CELAG destaca el incremento real del salario mínimo, la ampliación de programas sociales y el fortalecimiento de empresas públicas como componentes esenciales de un nuevo pacto social.
Constitucionalizar estos derechos limita la posibilidad de que futuros gobiernos los eliminen o reduzcan, lo que ha sido recibido con preocupación por sectores conservadores que respaldan políticas de austeridad extrema.
2.- Reforma al Poder Judicial: combatir la captura y el nepotismo
La reforma al Poder Judicial, aprobada en 2024, reorganizó la estructura de la judicatura con el objetivo de combatir redes internas de corrupción, nepotismo y captura institucional. Documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y análisis ciudadanos coinciden en que estas prácticas minaban la legitimidad del sistema.
La oposición señala riesgos de “politización”, pero admite los problemas estructurales que la reforma intenta resolver.
3 Energía y soberanía nacional
Aunque la reforma eléctrica constitucional fue frenada, sí se aprobaron cambios importantes en hidrocarburos e industria eléctrica, orientados a fortalecer el papel del Estado y limitar abusos de empresas privadas.
Estas medidas buscan recuperar sectores estratégicos para la nación, lo que incomoda a grupos empresariales que durante décadas operaron bajo un modelo liberalizado.
4 Reforma electoral y nuevas reglas democráticas
La 4T también impulsó reformas en materia electoral que buscaban reducir costos y equilibrar el sistema de partidos. Si bien muchas iniciativas fueron bloqueadas, estudios académicos destacan su intención de revisar estructuras y órganos que han favorecido históricamente a élites políticas tradicionales.
La derecha ha reaccionado con fuerza, presentando cualquier cambio como una amenaza a la democracia, pese a que múltiples diagnósticos técnicos coinciden en la necesidad de actualización institucional.
Por qué estas reformas incomodan a la derecha
La resistencia de la derecha no surge de principios abstractos, sino de la defensa de intereses consolidados.
- Al blindar derechos sociales en la Constitución, se limita el margen para aplicar recortes o privatizar servicios esenciales.
- Al reformar el Poder Judicial, se desarticulan redes informales de protección política y económica.
- Al fortalecer al Estado en sectores clave como la energía, se afectan ganancias privadas multimillonarias.
- Al intentar modificar reglas electorales, se cuestiona un sistema que por años permitió la reproducción de viejas élites.
Frente a ello, el PAN busca relanzarse como el partido de la “libertad” y el “Estado de derecho”, pese a su propia historia de políticas económicas regresivas y su asociación con prácticas que ampliaron desigualdades.
Dos proyectos hacia el futuro: el relanzamiento del PAN y el segundo piso de la 4T
El relanzamiento del PAN, documentado tanto en comunicados internos como en notas de prensa, apuesta por retomar espacios entre sectores urbanos y clases medias.
En contraste, el segundo piso de la 4T busca consolidar un modelo de largo plazo: un Estado social sólido, un Poder Judicial menos capturado por intereses y una economía donde los recursos estratégicos tengan una rectoría pública clara.
La diferencia central entre ambos proyectos es evidente:
Para el PAN, las reformas representan amenazas.
Para la 4T, son herramientas para garantizar justicia social, combatir la corrupción y redistribuir el poder.
La disputa rumbo a 2027 y 2030 girará en torno a una pregunta definitoria: ¿qué modelo de Estado garantizará mayor bienestar, igualdad y seguridad para el pueblo?
Las reformas que hoy incomodan a la derecha no son improvisaciones: son el resultado de una reflexión histórica y de la voluntad de corregir desigualdades profundas. La 4T ha decidido intervenir en ámbitos que durante décadas estuvieron controlados por intereses privados y estructuras de poder opacas.
El relanzamiento del PAN forma parte de una reacción ante esa transformación, pero no ofrece respuestas a los problemas estructurales que dieron origen a la desigualdad. Consideramos que el debate democrático debe enfocarse en lo esencial: ¿qué proyecto garantiza derechos, justicia y bienestar para la mayoría del pueblo?
